Aunque el Gobierno ha tenido éxito en marcar la agenda del Poder Legislativo, la verdad es que, en comparación con el año precedente, el Poder Ejecutivo ha disminuido su participación en la sanción de leyes. De esta manera, al tiempo que en dos mil quince el cuarenta y tres por ciento de las leyes aprobadas por el Congreso habían sido redactadas por el Poder Ejecutivo, en dos mil dieciseis ese porcentaje se redujo a veintisiete. Otro dato: el año pasado, del total de leyes sancionadas por el Congreso que tuvieron origen en el Poder Legislativo, el ochenta y dos por ciento fueron presentadas por legisladores del oficialismo. Este año, el porcentaje es precisamente inverso: el ochenta y dos por ciento de las leyes sancionadas fueron presentadas por legisladores de la oposición.
En este juego de toma y daca legislativa, el oficialismo no salió indemne. El primer traspié del año lo tuvo en el verano, cuando por el voto negativo de un miembro del Congreso de los Diputados massista, la Comisión Bicameral que refrenda los DNU, rechazó el decreto emitido por Macri para alterar el impuesto a las ganancias.