El Senado de Argentina convirtió hoy en ley un proyecto impulsado por el Ejecutivo para fomentar la asociación empresarial público-privada y así estimular las inversiones en sectores clave, como el de la infraestructura.
El Senado de Argentina convirtió hoy en ley un proyecto impulsado por el Ejecutivo para fomentar la asociación empresarial público-privada y así estimular las inversiones en sectores clave, como el de la infraestructura.
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Según informaron fuentes parlamentarias, la iniciativa fue aprobada por 43 votos positivos, quince negativos y tres abstenciones.
La de este miércoles ha sido la segunda sesión que el Senado ha dedicado a debatir este proyecto, ya que lo había aprobado inicialmente en septiembre pasado, pero luego la iniciativa sufrió modificaciones en su paso por la Cámara de Diputados por lo que debió regresar para su análisis en la Cámara alta.
La nueva norma regula el sistema de Participación Público-Privada (PPP) "con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos".
Entre otras cosas, la ley garantiza que los contratos permitan "la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago de la financiación aplicada al proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 35 años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas".
El sector público tendrá la obligación de "ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos", promover la participación de las pymes y fomentar la creación de nuevos puestos de empleo.
La participación público-privada podrá hacerse a través de la constitución de sociedades anónimas o de fideicomisos financieros.
Con la aprobación de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá ahora crear un órgano que tenga a su cargo la "centralización normativa" de los contratos regidos por la norma, que "prestará apoyo consultivo, operativo y técnico en las etapas de formulación del proyecto, elaboración de la documentación licitatoria o ejecución del contrato".
Una de las modificaciones introducidas al texto de la norma en su paso por la Cámara de Diputados es la introducción del requisito para que en los proyectos al menos un 33 % de los bienes y servicios utilizados sea de origen argentino.