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Hacen ley la figura del arrepentido en casos de corrupción

Tras padecer múltiples modificaciones, la iniciativa fue votada por unanimidad; hasta el momento regía para narcotráfico y terrorismo


Tras múltiples meses de discute, la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados transformó el día de ayer en ley el proyecto que amplía la figura del arrepentido prevista en el Código Penal a los casos de corrupción, los delitos contra el Código Aduanero y asociación ilegal.


La regla, que se aprobó unánimemente con ciento treinta y siete votos positivos, establece una reducción de las penas a toda persona encausada o bien condenada, con o bien sin sentencia firme, cuando a lo largo de la sustanciación de un proceso del que sea parte brinde información o bien datos precisos y comprobables.


La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, mas a lo largo del discute parlamentario recibió múltiples modificaciones del Frente Renovador primero y del Senado después. Por último se aprobó unánimemente merced al apoyo del oficialismo y del bloque de Sergio Massa, mas sin la presencia del Frente para la Victoria (FPV) y de ciertos bloques de izquierda, que adhirieron al paro citado por las mujeres contra la violencia sexista.


Actualmente, la legislación contempla la figura del arrepentido para los delitos de privación ilícita de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico. Ahora, con esta ley, se incorporarán los casos de corrupción, mas con ciertas limitaciones: en ningún caso el arrepentido va a poder acceder a la eximición de cárcel. Además de esto, solo va a poder acogerse al beneficio caso de que la información que dé esté referida a delitos tipificados con una pena igual o bien mayor a la suya.


En tanto, si el arrepentido tuviese una pena de reclusión perpetua, la reducción no va a poder ser mayor a quince años.


La regla asimismo establece que el pacto de cooperación se festejará únicamente entre el fiscal y las personas que brinden información, y no va a aplicar para los casos que se estudien delitos de lesa humanidad.

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